A nivel latinoamericano, Costa Rica se ha caracterizado por el reconocimiento de políticas públicas de desarrollo social de carácter universal, igualitario y equitativo.
Sin embargo, una reciente investigación del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) reveló que la población costarricense percibe un cambio hacia un abandono por parte del Estado como garante de derechos y oportunidades en empleo, salud, vivienda y justicia.
La mayoría de los entrevistados considera que el Estado ha garantizado poco el derecho al bienestar general, visto desde los temas del derecho a un empleo, a una vivienda y a la vigilancia de los derechos humanos. La encuesta solo confirma a la educación como un derecho que el Estado sí garantiza a toda la población, según más de un 55%.
Por otra parte, la opinión de los entrevistados está dividida en cuanto a si servicios característicos de un Estado de Bienestar, como son la educación y la salud pasan a las manos privadas. El 50% opinó que sí se están privatizando la salud y la educación, el otro 50% consideró que no.
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En cuanto al tema de vivienda, hay poco conocimiento sobre el bono de vivienda o las oportunidades de crédito bancario, lo que podría ser producto de la débil divulgación sobre estas facilidades o la existencia de algunos elementos que restringen su acceso.
Casi la totalidad de la población entrevistada, solicita a la administración que comience a trabajar el año próximo un mayor apoyo a las empresas nacionales. También, mayor acceso a la educación universitaria para preparar mejores cuadros de profesionales y mejor transferencia de conocimientos y tecnologías que demandan las empresas en la actualidad.
La investigación revalidó otros estudios referentes al aumento significativo de los gastos por parte de los ciudadanos en la contratación de servicios privados de salud, en especial medicina general y odontología.
El estudio reveló que el aumento de la utilización de los servicios privados de salud, está vinculado a la insatisfacción de los entrevistados con los estatales. Es decir, las debilidades que consideran por parte del Estado como proveedor de servicios de salud: la mala calidad de estos, reflejado en altos tiempos de espera, desde las colas hasta obtener el acceso a especialistas y cirugías.
El estudio recurrió a una encuesta telefónica, que se aplicó a 600 personas. El tamaño de muestra fue calculado buscando obtener un error máximo de 4 puntos porcentuales.
